Con nuevos DNU el gobierno volvió a modificar leyes votadas por el Congreso
El decreto 257/2015 publicado en el Boletín Oficial establece que el nuevo Código Procesal Penal "entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación" de esa norma, cuya responsabilidad es del Congreso nacional, "previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación".
El DNU también suspende las partidas presupuestarias establecidas para la puesta en marcha del nuevo Código y la creación de nuevas estructuras, y prevé un "mecanismo progresivo de asignación de recursos para atender las erogaciones que demande la efectiva implementación".
Según los considerandos, "la implementación en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de Justicia". Pero tanto esta norma como la del traspaso de las escuchas están vinculadas a la presión del Gobierno sobre la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que renuncie a su cargo.
Respecto de las escuchas, el decreto 256/2015 que transfirió a la órbita de la Corte Suprema el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), creado a partir de la reforma al sistema de inteligencia a principios de año, le quita a la Procuración la administración de esos actos.
En ese sentido, el artículo 4 del DNU indica que la Corte "dictará el reglamento de funcionamiento del DICOM", que estará a cargo "de UN (1) juez penal con rango de Juez de Cámara, quien será designado por sorteo y durará en sus funciones por un plazo de UN (1) año y no podrá ejercerlas nuevamente hasta transcurrido un período de CINCO (5) años".
Según los considerandos, el Ministerio Público Fiscal es "una parte principal" que "persigue un interés determinado" por lo que "resulta más prudente, teniendo en miras el debido proceso legal, que la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación".
El decreto 257/2015 publicado en el Boletín Oficial establece que el nuevo Código Procesal Penal "entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación" de esa norma, cuya responsabilidad es del Congreso nacional, "previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación".
El DNU también suspende las partidas presupuestarias establecidas para la puesta en marcha del nuevo Código y la creación de nuevas estructuras, y prevé un "mecanismo progresivo de asignación de recursos para atender las erogaciones que demande la efectiva implementación".
Según los considerandos, "la implementación en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de Justicia". Pero tanto esta norma como la del traspaso de las escuchas están vinculadas a la presión del Gobierno sobre la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que renuncie a su cargo.
Respecto de las escuchas, el decreto 256/2015 que transfirió a la órbita de la Corte Suprema el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), creado a partir de la reforma al sistema de inteligencia a principios de año, le quita a la Procuración la administración de esos actos.
En ese sentido, el artículo 4 del DNU indica que la Corte "dictará el reglamento de funcionamiento del DICOM", que estará a cargo "de UN (1) juez penal con rango de Juez de Cámara, quien será designado por sorteo y durará en sus funciones por un plazo de UN (1) año y no podrá ejercerlas nuevamente hasta transcurrido un período de CINCO (5) años".
Según los considerandos, el Ministerio Público Fiscal es "una parte principal" que "persigue un interés determinado" por lo que "resulta más prudente, teniendo en miras el debido proceso legal, que la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación".