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miércoles, 30 de diciembre de 2015

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Comunicadores de la Argentina juntan firmas para que “cesen los atropellos a las instituciones”

Tras los decretos del presidente Mauricio Macri contra la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), la organización Comunicadores de la Argentina (COMUNA) inició una campaña para exigir que “el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial cumplan con las normas vigentes y que cesen los atropellos a las instituciones”. COMUNA, integrada por periodistas, comunicadores sociales, trabajadores de prensa, académicos, docentes y estudiantes, enumeró cinco reclamos concretos y habilitó un link para la recolección de firmas (http://www.comunanet.com.ar/firmo-por-el-respeto-a-la-ley-y-a-la-constitucion-2/): -Respeto integral a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -Reapertura de AFSCA, respeto a sus autoridades legales y a sus trabajadores -Respeto a la Constitución: las leyes las elabora y modifica el Congreso, no el Poder Ejecutivo -Respeto a la libertad de expresión y a la pluralidad de voces -Que cesen las intimidaciones. No a la caza de brujas, a las listas negras y a las campañas de desprestigio de periodistas El gobierno de Macri avanzó contra la Ley de Medios con dos decretos: el primero determinó el pase de la AFSCA a la órbita del Ministerio de Comunicaciones, pese a que se trata de un organismo autárquico y descentralizado, y el segundo determinó la intervención para desplazar a sus autoridades. A esto se sumó la insólita acción del juez Julián Ercolini, que benefició al macrismo imponiendo la clausura de la AFSCA. “A nadie pasa desapercibido que es el mismo juez que mantiene estancada la causa por las denuncias de múltiples actos ilegales, incluyendo la comisión de delitos de lesa humanidad, en la entrega de la empresa Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón, sobre la base de un acuerdo en 1977 con el genocida Jorge Rafael Videla”, recordaron desde COMUNA. También consideraron llamativo que “las pretensiones del macrismo contra AFSCA fueran satisfechas aceleradamente”, mientras que “no hubo pronunciamiento por el planteo de la ilegalidad del decreto y la intervención que se dispuso”. “Estos desarreglos institucionales motivaron múltiples pronunciamientos de los actores de la comunicación audiovisual, desoídos uno a uno por el Ejecutivo y sus aliados judiciales”, concluyeron.

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