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jueves, 3 de marzo de 2016

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Capitanich Sobre las Denuncias de la oposición

Queremos hacer uso de los medios que tenemos a nuestro alcance, para hacer pública nuestra postura, desestimar una denuncia realizada por la oposición y asegurar que el aporte financiero que recibió el municipio en el inicio de nuestra gestión está totalmente avalado y cuenta con la documentación respaldatoria correspondiente.
A su vez, queremos destacar que el Ejecutivo municipal trabaja en dos presentaciones judiciales por irregularidades suscitadas durante la anterior gestión en el municipio de Resistencia, encabezada por la Ingeniera Aida Ayala.
Nos parece fantástico que el diputado Gutiérrez denuncie, porque es lo único que sabe hacer; nosotros aportaremos a la Justicia todos los dictámenes pertinentes y estamos muy tranquilos porque la operatoria cumple perfectamente con lo que establece la Ley.
La transferencia de $100 millones cuenta con un decreto correspondiente que autorizó a la Dirección de Administración del Ministerio de Gobierno a efectuar el giro de los fondos.
Se trata de una transferencia en carácter de aporte financiero para la ciudad de Resistencia acordado oportunamente con la Jefatura de Gabinete de Ministros y está absolutamente en orden desde el punto de vista legal.
Estos fondos sirvieron para paliar una situación muy complicada en cuanto a las obligaciones financieras del municipio, que debía hacer frente a sueldos impagos de la gestión anterior por aproximadamente $150 millones.
Desde la gestión que nos precedió, generaron un caldo de cultivo para provocar una crisis política y una estrategia destituyente; no somos nuevos en este oficio y tenemos muy claro que es así.
Como ya lo informamos a su debido tiempo, la gestión de gobierno anterior se despidió el municipio sin haber pagado la totalidad de los sueldos de noviembre a los empleados, pero tampoco habiendo hecho la previsión correspondiente para los salarios de diciembre y el medio aguinaldo.
Además, de acuerdo con lo que reportó un informe de auditoría de corte del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, recibimos el municipio con una deuda de $689 millones y una serie de irregularidades financieras, contractuales y legales.
Me gustaría que el legislador Gutiérrez investigue también por qué los contratos que la gestión de Aída Ayala firmaba con las empresas tenían condiciones tan desfavorables para la comuna y tan ventajosas para los empresarios.
También nos gustaría que este diputado explique la posición del partido radical, convalidando el mayor fraude de la historia argentina, al hipotecar el futuro de todos los argentinos con el pago a los fondos buitres que propone el Presidente Macri.
También hicimos dos presentaciones judiciales por irregularidades en la gestión de la ingeniera Ayala.
En el primero de los casos, el municipio denunciará por fraude en perjuicio del Estado perpetrado por el gobierno anterior, al haberse detectado irregularidades en la provisión de ripio para el arreglo de varias calles de la ciudad.
De acuerdo con lo informado por el Tribunal de Cuentas, existen irregularidades en la provisión de ripio que se hizo a través de una contratación directa y que implicó un gasto millonario para las arcas comunales.
Según lo expuesto por el Tribunal, una inspección ocular de ese organismo detectó que pese a que el ripio fue pagado, nunca fue volcado a las calles en cuestión.
Esto claramente indica una figura del tipo penal que es fraude en perjuicio del Estado y las autoridades del gobierno anterior deberán responder ante la Justicia.
En cuanto a la segunda denuncia, se trata del nombramiento y aceptación de cargo público irregular por parte de Leandro Zdero.
Este ex funcionario fue designado por la por entonces intendenta Aída Ayala en diciembre de 2013, mediante la actuación simple 2802, pese a que la carta orgánica del municipio de Resistencia no avala la existencia de un Jefe de Gabinete.
Queda claro que hay una observación muy fuerte desde el punto de vista penal, lo que merece una investigación porque se trata de un nombramiento y aceptación ilegales de un cargo público.

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