La libertad de expresión: lo que esconde La Nación
El emporio Indalo pertenece a Cristobal López y Fabián de Sousa y
está divido en siete direcciones. Una de ellas es Indalo Media, donde se
concentran las señales de radio y de televisión, diarios y portales de
noticias: el canal C5N, Radio 10, Mega 98.3, Pop Radio, Ideas del Sur,
Minutouno.com, El Patagónico y Editorial Polar, entre otras.
Más allá de la existencia de una deuda, que el GI no desconoce totalmente, la situación y el trabajo del diario de la familia Mitre desborda de ribetes políticos y la rápida declaración del Presidente hace todo más sugestivo.
Otro dato que no puede soslayarse: estas unidades son señaladas desde hace tiempo por los embajadores de la grita como “ultrakirchneristas”. De estos artículos a vincular todo con todo hay sólo un paso. No obstante, algo ya se avanzó: habría sido Ricardo Echagaray, ex titular de la AFIP, quien habría “mirado para otro lado”.
Echagaray, hoy al frente de la Auditoría General de la Nación, igualmente salió a aclarar que por esa causa ya fue sobreseído por el juez Sebastián Romero Ramos. La denuncia, presentada por Elisa Carrió, ponía la lupa en un plan de pagos que había otorgado la AFIP a Oil Combustibles S.A. Esto, al mismo tiempo, reconocía que se había buscado subsanar la evasión.
El olvido
La serie de piezas periodísticas empezaron con una publicación de Hugo Alconada Mon, uno de los periodistas estrella del medio. Su obra, empero, tuvo un olvido: mencionar que La Nación debe también una suma millonaria al Estado y que el matutino decidió ir a la Justicia antes que atenerse a las obligaciones del fisco.
El caso fue explicado en detalle por Horacio Verbitsky en Página/12 cuando el incumplimiento alcanzaba una década, gracias a una cautelar, cuándo no. En la nota “Regalo de reyes”, del domingo 6 de enero de 2013, el “Perro” informaba que La Nación recurrió a los tribunales cuando el recién asumido Néstor Kirchner decidió no prolongar un beneficio impositivo que se arrastraba desde la crisis de 2001.
El mecanismo era el siguiente: “En junio de 2001, el decreto 730 permitió que los medios de comunicación no pagaran el impuesto a la ganancia mínima presunta y computaran las contribuciones patronales sobre la nómina salarial como crédito fiscal en el momento de la liquidación del IVA. Este auxilio debía prolongarse hasta marzo de 2003”.
Tras el triunfo del Frente para la Victoria, “en julio de 2003 había vencido el plazo fijado por el último decreto. Luego de pagar el impuesto en agosto y setiembre de 2003, La Nación obtuvo en octubre la medida cautelar que pronto soplará sus primeras diez velitas”. Como la película, ahora son 13.
Por último, Verbitsky comparaba y sacaba números: “La medida cautelar contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es la más extensa. En esta competencia entre evasores de raza de sus obligaciones, la cocarda de gran campeón no la luce Clarín sino su socio La Nación, que desde hace diez años cuenta con la protección judicial que impide a la AFIP cobrarle una deuda estimada en 280 millones de pesos. Una tercera parte de esa dilación fue concedida al diario de los Saguier por la Corte Suprema de Justicia”.
Según los economistas consultados por Contexto, para actualizar la cifra habría que computar la inflación que Mauricio Macri tomó al hablar del tema en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso el 1º de marzo pasado. Allí, el Jefe de Estado habló de un “700%” en la última década. Si se tiene en cuenta este cálculo, la deuda ascendería a unos 3.300 millones de pesos.
Tras la publicación, la propia Cristina Fernández se había quejado por la situación. “La Nación tiene un juicio en la Corte por no pagar impuestos por más $ 280 millones y no pasa nada”, había recordado la por entonces Jefa de Estado desde la redes sociales. Pero unos meses después, algo pasaría.
Según consignaba Tiempo Argentino el 29 de octubre de 2014, fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que favoreció a La Nación, firma que hoy se queja de “tratos especiales” para algunos medios.
La libertad de expresión, otra vez…
En ese momento, relataba TA, “los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda avalaron la cautelar (técnicamente, la repusieron)”, entendiendo que “no se había buscado una forma alternativa” para paliar los recursos que las firmas periodísticas dejarían de percibir y que entonces “se encontraba amenazada la libertad de expresión”.
El fallo indicaba que “la cuestión sobre la que gira la causa, cobrarles impuestos a empresas de medios de comunicación, podría traer aparejada una situación de gravedad institucional, esto es, el ilegítimo condicionamiento al ejercicio del derecho a la libertad de prensa, la violación del principio constitucional de la igualdad y la vulneración de la garantía de la seguridad jurídica”.
Para el máximo tribunal, en ese momento “se encontraba en riesgo la subsistencia de distintos medios de comunicación nacionales y locales de la República y lo resuelto causa un perjuicio irreparable, que excede el interés individual de las partes y atañe a la comunidad en general, en razón de su aptitud para afectar la libertad de expresión”.
Lo más jugoso de ese escrito con respecto a la coyuntura es que los ministros relacionan cualquier inhibición contra La Nación, y el cobro de impuestos en general, con una maniobra que podría encubrir una intencionalidad política. Hoy más de uno quisiera que ese expediente dejase de existir.
“La política fiscal no puede ser utilizada como un instrumento para excluir a un grupo de los beneficios que se otorgan a todos los demás sectores de la economía y de ese modo indirecto afectar la libertad de expresión”. Contundente. Cabe aclarar que Elena Highton había firmado en disidencia y que Raúl Zaffaroni directamente no lo hizo. La resolución también comprendía a Perfil.
Antes de esa ampliación de beneficios, el Gobierno nacional puso en práctica en 2009 un canje de deuda por pauta publicitaria. La mayoría de los medios aprovecharon esos instrumentos y negociaron planes de pago, incluido el Grupo Clarín, que regularizó 198 millones de pesos (133 del diario, 57 de la productora de televisión ARTEAR y 8 de radio Mitre). Fue después de que la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal había levantado la primera cautelar.
Mientras se investiga el Grupo Indalo, es legítimo preguntar por qué nadie habla de ataque a la libertad de expresión cuando Macri, suelto de cuerpo, avisa que “embargará” a Cristóbal López, dueño también de varias empresas dedicadas a la comunicación. Por qué López es empresario a secas y La Nación y Clarín, que han diversificados sus intereses, son siempre evaluados por su dimensión informativa.
El artículo 32
El Grupo Indalo asegura que fue su uso del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional 11.683, que permitía al Administrador Federal brindar planes de pago especiales, la posibilidad que fue derogada por la actual Administración. De hecho, según Página/12, la propia AFIP dejó trascender a comienzos de febrero que entre 2010 y 2015 el ex titular del organismo Ricardo Echegaray otorgó 1.530 planes de pago “a medida” por un total de 29.800 millones de pesos.
Ahora, la AFIP, que frenó el plan de pago, presentó una denuncia penal contra Indalo por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta. “Esto no hace otra cosa que admitir la validez legal del procedimiento, que fue realizado bajo las normativas vigentes, sin violar ninguna ley”, dijeron los voceros del GI.
A modo de ejemplo, los medios de Indalo difundieron que la constructora IECSA, propiedad del primo de Macri y con vinculación con SOCMA (Sociedades Macri), goza del mismo plan de regularización de deudas impositivas. “No toleran medios críticos”, fue el contraataque de Indalo.
Por estos momentos, el diario La Nación se encuentra publicando una
serie de notas sobre una supuesta deuda de 8 mil millones de pesos que
el Grupo Indalo habría contraído con AFIP tras no girar durante cuatro
años lo correspondiente al impuesto a la transferencia de los
combustibles (ITC) de la empresa Oil. A pesar de que los dueños del
conglomerado, que también tiene medios de comunicación, matizaron esas
acusaciones, el presidente Mauricio Macri anunció que buscaría
“embargar” al holding.
Más allá de la existencia de una deuda, que el GI no desconoce totalmente, la situación y el trabajo del diario de la familia Mitre desborda de ribetes políticos y la rápida declaración del Presidente hace todo más sugestivo.
Otro dato que no puede soslayarse: estas unidades son señaladas desde hace tiempo por los embajadores de la grita como “ultrakirchneristas”. De estos artículos a vincular todo con todo hay sólo un paso. No obstante, algo ya se avanzó: habría sido Ricardo Echagaray, ex titular de la AFIP, quien habría “mirado para otro lado”.
Echagaray, hoy al frente de la Auditoría General de la Nación, igualmente salió a aclarar que por esa causa ya fue sobreseído por el juez Sebastián Romero Ramos. La denuncia, presentada por Elisa Carrió, ponía la lupa en un plan de pagos que había otorgado la AFIP a Oil Combustibles S.A. Esto, al mismo tiempo, reconocía que se había buscado subsanar la evasión.
El olvido
La serie de piezas periodísticas empezaron con una publicación de Hugo Alconada Mon, uno de los periodistas estrella del medio. Su obra, empero, tuvo un olvido: mencionar que La Nación debe también una suma millonaria al Estado y que el matutino decidió ir a la Justicia antes que atenerse a las obligaciones del fisco.
El caso fue explicado en detalle por Horacio Verbitsky en Página/12 cuando el incumplimiento alcanzaba una década, gracias a una cautelar, cuándo no. En la nota “Regalo de reyes”, del domingo 6 de enero de 2013, el “Perro” informaba que La Nación recurrió a los tribunales cuando el recién asumido Néstor Kirchner decidió no prolongar un beneficio impositivo que se arrastraba desde la crisis de 2001.
El mecanismo era el siguiente: “En junio de 2001, el decreto 730 permitió que los medios de comunicación no pagaran el impuesto a la ganancia mínima presunta y computaran las contribuciones patronales sobre la nómina salarial como crédito fiscal en el momento de la liquidación del IVA. Este auxilio debía prolongarse hasta marzo de 2003”.
Tras el triunfo del Frente para la Victoria, “en julio de 2003 había vencido el plazo fijado por el último decreto. Luego de pagar el impuesto en agosto y setiembre de 2003, La Nación obtuvo en octubre la medida cautelar que pronto soplará sus primeras diez velitas”. Como la película, ahora son 13.
Por último, Verbitsky comparaba y sacaba números: “La medida cautelar contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es la más extensa. En esta competencia entre evasores de raza de sus obligaciones, la cocarda de gran campeón no la luce Clarín sino su socio La Nación, que desde hace diez años cuenta con la protección judicial que impide a la AFIP cobrarle una deuda estimada en 280 millones de pesos. Una tercera parte de esa dilación fue concedida al diario de los Saguier por la Corte Suprema de Justicia”.
Según los economistas consultados por Contexto, para actualizar la cifra habría que computar la inflación que Mauricio Macri tomó al hablar del tema en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso el 1º de marzo pasado. Allí, el Jefe de Estado habló de un “700%” en la última década. Si se tiene en cuenta este cálculo, la deuda ascendería a unos 3.300 millones de pesos.
Tras la publicación, la propia Cristina Fernández se había quejado por la situación. “La Nación tiene un juicio en la Corte por no pagar impuestos por más $ 280 millones y no pasa nada”, había recordado la por entonces Jefa de Estado desde la redes sociales. Pero unos meses después, algo pasaría.
Según consignaba Tiempo Argentino el 29 de octubre de 2014, fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que favoreció a La Nación, firma que hoy se queja de “tratos especiales” para algunos medios.
La libertad de expresión, otra vez…
En ese momento, relataba TA, “los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda avalaron la cautelar (técnicamente, la repusieron)”, entendiendo que “no se había buscado una forma alternativa” para paliar los recursos que las firmas periodísticas dejarían de percibir y que entonces “se encontraba amenazada la libertad de expresión”.
El fallo indicaba que “la cuestión sobre la que gira la causa, cobrarles impuestos a empresas de medios de comunicación, podría traer aparejada una situación de gravedad institucional, esto es, el ilegítimo condicionamiento al ejercicio del derecho a la libertad de prensa, la violación del principio constitucional de la igualdad y la vulneración de la garantía de la seguridad jurídica”.
Para el máximo tribunal, en ese momento “se encontraba en riesgo la subsistencia de distintos medios de comunicación nacionales y locales de la República y lo resuelto causa un perjuicio irreparable, que excede el interés individual de las partes y atañe a la comunidad en general, en razón de su aptitud para afectar la libertad de expresión”.
Lo más jugoso de ese escrito con respecto a la coyuntura es que los ministros relacionan cualquier inhibición contra La Nación, y el cobro de impuestos en general, con una maniobra que podría encubrir una intencionalidad política. Hoy más de uno quisiera que ese expediente dejase de existir.
“La política fiscal no puede ser utilizada como un instrumento para excluir a un grupo de los beneficios que se otorgan a todos los demás sectores de la economía y de ese modo indirecto afectar la libertad de expresión”. Contundente. Cabe aclarar que Elena Highton había firmado en disidencia y que Raúl Zaffaroni directamente no lo hizo. La resolución también comprendía a Perfil.
Antes de esa ampliación de beneficios, el Gobierno nacional puso en práctica en 2009 un canje de deuda por pauta publicitaria. La mayoría de los medios aprovecharon esos instrumentos y negociaron planes de pago, incluido el Grupo Clarín, que regularizó 198 millones de pesos (133 del diario, 57 de la productora de televisión ARTEAR y 8 de radio Mitre). Fue después de que la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal había levantado la primera cautelar.
Mientras se investiga el Grupo Indalo, es legítimo preguntar por qué nadie habla de ataque a la libertad de expresión cuando Macri, suelto de cuerpo, avisa que “embargará” a Cristóbal López, dueño también de varias empresas dedicadas a la comunicación. Por qué López es empresario a secas y La Nación y Clarín, que han diversificados sus intereses, son siempre evaluados por su dimensión informativa.
El artículo 32
El Grupo Indalo asegura que fue su uso del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional 11.683, que permitía al Administrador Federal brindar planes de pago especiales, la posibilidad que fue derogada por la actual Administración. De hecho, según Página/12, la propia AFIP dejó trascender a comienzos de febrero que entre 2010 y 2015 el ex titular del organismo Ricardo Echegaray otorgó 1.530 planes de pago “a medida” por un total de 29.800 millones de pesos.
Ahora, la AFIP, que frenó el plan de pago, presentó una denuncia penal contra Indalo por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta. “Esto no hace otra cosa que admitir la validez legal del procedimiento, que fue realizado bajo las normativas vigentes, sin violar ninguna ley”, dijeron los voceros del GI.
A modo de ejemplo, los medios de Indalo difundieron que la constructora IECSA, propiedad del primo de Macri y con vinculación con SOCMA (Sociedades Macri), goza del mismo plan de regularización de deudas impositivas. “No toleran medios críticos”, fue el contraataque de Indalo.