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jueves, 21 de enero de 2016

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Por decreto, Macri autoriza el derribo de aviones y está a punto de convertirse en un terrorista de Estado

Macri autoriza el derribo de aviones y está a punto de convertirse en un terrorista de Estado Por decreto
Las Fuerzas Armadas podrán actuar contra “naves hostiles” no identificadas, luego de cumplir un protocolo. La “Emergencia de Seguridad Pública” avanza sobre la Ley de Seguridad Interior, les da más poder a los militares y flexibiliza los controles sobre las compras en el área. El argumento oficial es la “situación de peligro colectivo” que existiría en el país.El Kfir C-10 Block 60 es un modelo de avión de combate que el Gobierno podría comprarle a Israel para reequipar la Fuerza Aérea con 14 unidades. Lo había presentado como una de sus promesas durante la campaña y Mauricio Macri dejó el decreto firmado antes de subirse al avión que lo llevaría a Davos: el Gobierno declaró la Emergencia de Seguridad Pública por un año, en todo el territorio nacional, destinada a “revertir la situación de peligro colectivo” y con el objetivo declamado de “ir a fondo” contra el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico, según los integrantes del Gabinete involucrados en la iniciativa. El decreto incluye “Reglas de Protección Aeroespacial” que autorizan a lasFuerzas Armadas a derribar “naves hostiles”, luego de una serie de pasos para “identificar, advertir, e intimidar”, de acuerdo con un protocolo. “Estamos haciendo pública una política de Estado contra el delito complejo, el narcotráfico, el lavado de activos, el contrabando de armas, la trata de personas, con un fuerte control del espacio aéreo y todas las fronteras”, dijo a ese diario Patricia Bullrich, ministra de Seguridad “Otra cuestión que generará controversias, pedida por algunos sectores y criticada por otros, será la “entrada del Estado a los barrios dominados por el narcotráfico”, indicó un funcionario interiorizado en ese objetivo que, según adelantó, estará coordinado por el “Gabinete de Seguridad Humana”, se pondrá en marcha con “asistentes sociales y policías de prevención, para contener” y arrancará por Rosario, Córdoba, Capital y distintos puntos de Buenos Aires”, sostiene Clarín. Por su parte, en Página 12, Carlos Rodrígues afirma: La “Emergencia de Seguridad Pública” avanza sobre la Ley de Seguridad Interior, les da más poder a los militares y flexibiliza los controles sobre las compras en el área. El argumento oficial es la “situación de peligro colectivo” que existiría en el país. La medida apunta a combatir el narcotráfico, entre otros delitos, incluida la “asociación ilícita terrorista”. Con el argumento de que existiría en el país una “situación de peligro colectivo”, el gobierno nacional declaró ayer la “Emergencia de Seguridad Pública”, una medida que durante un año –con posibilidad de extenderla– significará aunar acciones entre las fuerzas policiales de seguridad interior con la Gendarmería, la Prefectura e incluso las Fuerzas Armadas. Las medidas, además de apuntar al “delito complejo” como el narcotráfico y el “crimen organizado”, también pone en la mira “la asociación ilícita calificada” y hasta una hipotética “asociación ilícita terrorista”. Las acciones se desarrollarán, según el anuncio oficial –el decreto se conocerá en las próximas horas–, por tierra, agua y “reglas de protección aeroespacial” con intervención directa de las FF.AA. y que podrían llegar al “uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino”. La inclusión de la posibilidad del derribo de aviones es un guiño a Sergio Massa, que hizo de ese punto un eje de su campaña electoral. La declaración también flexibiliza las exigencias y controles para las compras del área y otorga amplias facultades para los movimientos de personal. “Aunque todavía no se conoce el texto completo del decreto, es muy preocupante que se introduzca la cuestión del derribo (en el espacio aéreo) porque allí aparece un terreno difuso donde se pueden mezclar los límites entre seguridad interior con la ley de Defensa nacional, sin que la discusión sobre ese tema haya pasado por el Congreso porque la decisión se toma por decreto” del Poder Ejecutivo, le dijo a Página/12 Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Lo sorpresivo de la medida y la invocación de la “urgencia” hicieron recordar, a la directora del CELS, disposiciones anteriores, la más cercana el plan anunciado a principios de 2014 por el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y también cuestionada en su momento por la institución. Litvachky sostuvo que el anuncio “vuelve a poner en tensión a la sociedad porque siempre que ocurre algo así se toman medidas que no están en consonancia con la Constitución y con las leyes, además de disponerse fondos presupuestarios importantes para la compra de armas, móviles y otros elementos sin una discusión previa y racional”.Otra de las disposiciones del decreto autoriza al Ministerio de Seguridad, que trabajará en conjunto con los ministerios de Defensa y de Transporte, a realizar la convocatoria a “personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad” o que estén “actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias”. Litvachky señaló que si bien “se hacen algunas salvedades sobre la idoneidad o situación legal de los posibles convocados, de todos modos esto marca una contradicción profunda con los anuncios del gobierno respecto de que busca una profunda reforma de las fuerzas de seguridad en la Argentina”. La Emergencia de Seguridad Pública anunciada por el gobierno de Mauricio Macri dispone por el término de un año o incluso más “revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”. Se dijo que la medida va en consonancia con “con las metas esenciales que estableció el presidente Mauricio Macri de luchar contra el narcotráfico y otro tipo de delitos graves”. Según el anticipo difundido ayer, el decreto especifica delitos tales como “producción, tráfico y comercialización de estupefacientes (Ley 23.737), de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (Ley 22.415), los relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada (artículo 210 bis del Código Penal) o con una asociación ilícita terrorista (artículo 41 quinquies del mismo Código)”. La “emergencia” involucra casi por completo el Código Penal y las normas complementarias, dado que también se incluyen “las asociaciones ilícitas (artículo 210), organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales, los de fraude contra la Administración Pública (artículo 174, inciso 5) y contra la Administración Pública (todos del Código Penal)”, más los de “prostitución de menores y pornografía infantil (artículos 125, 125 bis y 128), de financiación del terrorismo (artículo 306) y de extorsión (artículo 168). Como ocurre siempre en este tipo de “emergencias”, se autorizará “la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional”. Al mismo tiempo se creará “el Gabinete de Seguridad Humana” cuya función será la de “coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la emergencia”. Eso es todo lo que se dijo sobre este punto. El Ministerio de Seguridad “propondrá al Poder Judicial un convenio con el fin de interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales”. Esto llevará a la creación del Operativo Frontera, que reemplazará al Escudo Norte, que se viene aplicando desde 2011 en la frontera terrestre, para combatir el narcotráfico y el contrabando. Esto también significará una fuerte inversión presupuestaria para aportar “nuevas tecnologías”. Otro de los puntos que tendrá que llevar adelante el Ministerio de Seguridad será “establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos los estándares y la normativa de seguridad” que tendrán que aplicarse en las zonas primarias aduaneras”. Paula Litvachky, directora del CELS, recordó que en distintos momentos del proceso democrático que comenzó en diciembre de 1983 se han anunciado medidas urgentes en materia de seguridad. “Lo peligroso es que se apelan a discursos alarmistas sobre supuestos peligros colectivos en materia de seguridad y se toman medidas que no implican necesariamente un mejoramiento en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Se toman medidas y se modifican leyes sin una discusión profunda, apelando a la supuesta necesidad y a la urgencia.” En pos de esos planes de seguridad “se dictan normas que ponen en tensión a la sociedad y que generan discusiones en torno del choque que suele producirse entre seguridad y derechos”, recalcó Litvachky. Agregó que la emergencia aludida por las autoridades gubernamentales “llevan a que se realicen contrataciones vinculadas a temas de seguridad, dejando de lado otras cuestiones importantes, como ocurrió en su momento con distintos planos de seguridad en la provincia de Buenos Aires”, aplicado por diferentes gobiernos. Insistió en que “la posibilidad abierta de convocar a personal retirado contradice lo que se había anunciado respecto de la profundización de la reforma en las fuerzas de seguridad que había sido planteada luego de la triple fuga” de los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y Víctor Schillaci. “Cuando se toman estas medidas, las reformas que se habían anunciado se van diluyendo y las políticas públicas empiezan a responder a la emergencia, al criterio alarmista que hasta ahora, según la experiencia acumulada, nunca han dado resultado”. En el anuncio oficial se informó que con motivo de la creación del Operativo Frontera, que tendrá carácter permanente, habrá que dotarlo de “dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, que incluye una radarización para el eficiente control fronterizo”. También se dispondrá “el levantamiento del secreto militar de las reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial”. El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, consultado en su momento por Página/12 sobre los “planes de emergencia” en materia de seguridad que se han sucedido en la Argentina, dijo en forma rotunda: “No sé hasta qué punto hay cosas que se hacen para superar una contingencia, una coyuntura. Hay que pensar en cosas hay que pensar en cosas más definitivas, más coyunturales. Los mecanismos para afrontar el tema tienen que ser un poco más estructurales”. “En el marco de la emergencia en seguridad, el Presidente dispuso Reglas de Protección Aeroespacial que serán aplicadas por las Fuerzas Armadas. Especialistas y dirigentes políticos advirtieron que así se aplicará “la pena de muerte sin juicio previo”, escribió por su parte Sebastián Abrevaya en el mismo Página 12. Al declarar la Emergencia en Seguridad Pública, el presidente Mauricio Macri habilitó mediante un decreto el derribo de aviones por parte de las Fuerzas Armadas. Si bien los detalles de la decisión presidencial se conocerían hoy con la publicación del texto en el boletín oficial, en un comunicado de prensa la Casa Rosada anticipó: “el decreto establece la aprobación de las Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las Fuerzas Armadas, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino”. Organismos de Derechos Humanos, juristas, especialistas en materia de Defensa y dirigentes políticos advirtieron que esta medida se trata de la implementación de “la pena de muerte sin juicio previo”. “El uso de la fuerza sin control de legalidad previa es grave, nosotros nunca estuvimos de acuerdo ni impulsamos la ley de derribo”, aseguró a Página/12 el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi. Bajo el argumento de “revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”, Macri firmó la Emergencia en Seguridad por el término de un año, prorrogable por otros 365 días. El comunicado oficial sostiene que la resolución adoptada por el líder del PRO “incluye un fuerte control del espacio aéreo”. “Serán declaradas ‘hostiles’ aquellas naves, cuando tengan entidad suficiente para ‘perturbar, poner en riesgo o causar daño’ en el territorio nacional”, agrega el texto oficial. Si bien hace apenas seis días Macri había prorrogado (también por decreto y por un año) el operativo de seguridad fronteriza denominado Escudo Norte, ahora lo reemplaza por la creación del Operativo Fronteras. La resolución firmada por el Presidente “adopta en forma inmediata las medidas para dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, que incluye una radarización para el eficiente control fronterizo”. Página/12 intentó sin éxito comunicarse con los responsables de las carteras de Seguridad, Patricia Bullrich y Eugenio Burzaco, así como de Defensa, Julio Martínez, para clarificar los alcances de la medida dictada por el Gobierno. “Esto habilita el derribo sin autorización. ¿Por qué se supone que viajan delincuentes? ¿Por qué se supone que son narcos? Lo que se hace es habilitar una forma de matar porque no existe derribo sin muertos”, explicó a este diario Marcelo Saín, ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El ex legislador de Nuevo Encuentro aclaró que Estados Unidos no posee actualmente una ley de derribo. En la misma línea, Rossi relató que la gran mayoría de los vuelos irregulares detectados en la frontera norte se tratan de vuelos civiles que no tienen el plan de vuelo acordado y suelen ser vuelos de fumigadores. “La posibilidad de cometer un error que se termine derribando un avión que no tenga nada que ver con un ilícito sino una contravención en el tránsito aéreo es una posibilidad alta”, alertó el ex ministro. Respecto de la lucha contra el narcotráfico, Saín cuestionó la falta de “una estructura nacional de inteligencia criminal”, ya que cada una de las cuatro fuerzas federales trabajan con criterios propios. En este contexto, el Gobierno también dispuso el “levantamiento del Secreto Militar de las Reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial (REDA), que había sido establecido por el decreto 2415 del año 2014”. Se trata de un decreto firmado por Cristina Fernández para la realización de la Cumbre del Mercosur, en Paraná, en la que se establecía un plan para garantizar la seguridad de los presidentes extranjeros que visitaron la provincia. Desde el kirchnerismo aclararon que se trató de una política de Defensa, no de seguridad interior, que duró un tiempo limitado –durante el transcurso de la cumbre–, fue para un territorio específico y que se viene utilizando ese mecanismo sólo para las cumbres internacionales desde la de Mar del Plata, en 2005, cuando se dijo “No al Alca”. Tanto Saín como Rossi, así como juristas como Gustavo Arballo o Roberto Carlés consideraron que se podría violar la ley de Seguridad Interior, que prohíbe la intervención de las Fuerzas Armadas en casos como éste. “Se trata obviamente de una política de Defensa Nacional, no de prevención del delito. Las Fuerzas Armadas no pueden ejercer facultades policiales, ni intervenir en cuestiones de seguridad interior”, explicó Carlés. “Usar mecanismos de defensa extremos para combatir delitos comunes es incurrir en una grave desviación de poder (y viola leyes de FF.AA.)”, afirmó Arballo a través de su cuenta de Twitter. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), recordó ayer el capítulo sobre seguridad y defensa publicado en su último informe anual, en el que señala que las intervenciones punitivistas y las políticas de mano dura de los últimos años significaron un embate contra “el principio de demarcación” entre las esferas de la seguridad interior y la defensa nacional. El organismo de Derechos Humanos recordó que de los países de la región sólo Perú y Venezuela aplicaron la ley de derribo y que ambos tuvieron experiencias muy negativas que incluyeron la pérdida de vidas inocentes.

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